La pobreza multidimensional no solo se mide en carencias económicas, sino que representa un determinante estructural y transversal de la salud mental en Colombia. 

Esta es la principal conclusión de una investigación reciente sobre el tema, liderada por un semillero de la Universidad de La Sabana, titulada “La pobreza como determinante de la salud mental en Colombia: políticas gubernamentales y perspectivas”.

El estudio cobra relevancia en un contexto donde el 24.4% de la población en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) vive en pobreza multidimensional (Dane 2024), una situación que, según los expertos, es un desafío crítico de salud pública.

“En realidad no hay algo escrito relacionando pobreza y salud mental. Se pueden hacer algunas asociaciones, pero también es cierto que a pesar de que Colombia es un país tan pobre, algo que sorprende comparado con los países industrializados, es que los desenlaces fatales como pueden ser, por ejemplo, el suicidio, en países como Colombia, no se refleja en tasas tan altas”, señaló Yahira Guzmán, psiquiatra y directora de profesores e investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.

El estudio, realizado a través de la metodología scoping review (revisión de alcance) con publicaciones entre 2009 y 2024, identificó que la pobreza multidimensional (que abarca vivienda, educación, empleo y salud) es un indicador de vulnerabilidad más preciso que el simple ingreso.

Hallazgos cruciales

Relación entre pobreza y salud mental

En este punto los investigadores pudieron identificar que la pobreza multidimensional (más allá del ingreso) resulta ser un mejor indicador de vulnerabilidad.  Una vez analizado este punto, determinaron que las personas en situación de pobreza tienen un riesgo superior al 50% de padecer trastornos mentales. 

Factores como el desplazamiento, pertenencia a comunidades indígenas, la pandemia y la violencia crónica fueron factores cruciales para agravar el estado de salud mental.

Erwin Hernández, PhD en Investigación Clínica y profesor de la Facultad de Medicina de la Sabana aseguró que “si uno tiene un ingreso estable está más tranquilo. Si cuenta con un mayor nivel educativo también tiene una ventaja. Encontramos también que la desigualdad se hace evidente a través de menores ingresos a las mujeres en comparación con los hombres. Además, estar en un área urbana, también influye. No es lo mismo vivir en Bogotá que en el Catatumbo, donde hay violencia armada”.

De acuerdo con el estudio, en Colombia se ha avanzado considerablemente en el abordaje de la salud mental, sin embargo, a los ojos de algunos expertos la discusión hasta ahora está encontrando salida. 

“El camino ha sido largo. Desde 2013, la Ley 1616 reconoció oficialmente que la salud mental no es un lujo, sino un derecho fundamental y parte esencial de la salud pública. Posteriormente, en 2020, llegó la Ley 2481, que amplió la cobertura en psicoterapia. Para el 2018, surgió la Política Nacional de Salud Mental, que puso sobre la mesa algo clave: la salud mental no se mejora solo en el consultorio, sino también en la casa, en la escuela, en el barrio y en el trabajo”, señaló el informe.

Incluso, este año “se introdujo la nueva ley de salud mental; la Ley 2460 de 2025, que contempla atención psicológica sin remisión médica, la apertura de oportunidades laborales para los más de 250.000 psicólogos del país, ampliación de los cupos de especialización de psiquiatras y mejora en el acceso a medicamentos, entre otros”. 

Sin embargo, aunque el país ha sido excelente para diagnosticar problemas y convertirlos en políticas públicas, para el doctor Hernández, el verdadero dolor de cabeza llega cuando toca pasar a la acción, es decir, implementar y evaluar.

“El problema no está en el agendamiento ni en la formulación, sino en la implementación. Cuando una política se lleva a un entorno real, hay resistencia, hay desconocimiento. Hoy no hay recursos económicos, entonces, para que esa política permee y haga parte de la cotidianidad de los colombianos, es un reto”, explicó Hernández. 

El estudio recomienda enfocar las intervenciones no solo en tratar los síntomas, sino en prevenir trastornos a través del empoderamiento emocional y la reconstrucción de vínculos sociales.